Este mes de agosto, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cambia de rostro. Tras las afectaciones sufridas en su infraestructura principal por el doble sismo del pasado 24 de junio, las autoridades han decidido trasladar las operaciones a una "terminal de campaña". A partir de este mes, el estacionamiento del nivel 3 albergará un complejo de andamios, estructuras metálicas y grandes carpas con capacidad para procesar a más de 1.200 pasajeros simultáneamente.
El cronograma oficial ya está en marcha: entre el 17 y el 21 de agosto se ejecutará un plan piloto para evaluar el flujo de personas, y el 24 de agosto iniciarán formalmente las operaciones comerciales bajo esta modalidad de contingencia.
Desde el gremio turístico, instituciones como Avavit han salido al paso de las críticas, asegurando que esta medida no es una improvisación, sino la aplicación de protocolos logísticos estándar frente a desastres naturales, citando como ejemplo exitoso la respuesta de Chile tras el terremoto de 2010.
Demos por válido ese argumento. Aceptemos que la instalación de estas carpas (con tecnología alemana, según el IAIM) es una respuesta técnica y necesaria ante una emergencia sobrevenida. Sin embargo, es precisamente esta demostración de capacidad logística y financiera la que deja al descubierto la peor cara de nuestro modelo de Estado: el centralismo asfixiante.
Si el Estado venezolano tiene los recursos, la voluntad política y la eficiencia para levantar una terminal alterna de gran envergadura en cuestión de semanas para proteger la operatividad de la capital, ¿por qué esa misma eficiencia desaparece cuando miramos hacia las regiones?
El contraste resulta indignante. Mientras en Maiquetía se despliegan megaproyectos de contingencia, en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia los pasajeros llevan años sometidos a la desidia. Allí no hubo un terremoto reciente que justifique el caos, pero los viajeros se ven obligados a soportar colas a la intemperie por más de cuatro horas, bajo el sol o la lluvia, esperando exhaustos fuera de las instalaciones tan solo para ser revisados y poder abordar.
Para Valencia, y para el resto de los terminales regionales del país, las autoridades no tienen la más mínima intención de instalar una carpa, ni de proveer confort básico. El mensaje es claro: la dignidad del pasajero y la eficiencia operativa solo importan si ocurren en el Área Metropolitana de Caracas.
Esta concentración de decisiones y recursos ha generado una brecha insostenible. Vivimos en un país donde la inversión real parece destinarse exclusivamente a mantener una burbuja de normalidad en la capital, mientras el interior —que es donde se encuentra el verdadero potencial de valor agregado y logístico— debe sobrevivir con las sobras, mendigando atención para operar.
Las emergencias requieren soluciones rápidas, sí. Pero no podemos permitir que la "cultura de la emergencia" sea el único motor de inversión pública, un modelo que muchas veces termina disfrazando jugosos presupuestos temporales mientras los problemas estructurales del país siguen sin resolverse. Maiquetía tendrá sus carpas; el resto del país, al parecer, solo tiene derecho a seguir esperando.
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