En Venezuela, la administración de los grandes estadios de fútbol opera bajo un modelo de gestión compartida entre el Ministerio del Deporte y las gobernaciones regionales correspondientes.
El país tuvo el privilegio de albergar la Copa América 2007, un evento que impulsó el desarrollo de una infraestructura deportiva de talla internacional. Durante esa etapa, se construyeron y remodelaron recintos con capacidades que oscilan entre los 40.000 y 51.000 espectadores, dotando a diversas ciudades de instalaciones que nada tenían que envidiar a las del resto de la región. A casi dos décadas de aquella importante inversión, estas estructuras han sido escenario de grandes eventos y finales memorables que han brindado alegrías a las fanaticadas locales.
Sin embargo, el tamaño y la complejidad de estos recintos exigen un mantenimiento constante. Al estar bajo la administración del Estado, los estadios compiten por recursos dentro de un presupuesto público cuyas prioridades inmediatas —y lógicas— son mantener operativas las ciudades: vialidad, alumbrado, sistema de salud y educación. En este escenario de recursos limitados, la infraestructura deportiva suele quedar relegada al final de la lista de prioridades gubernamentales.
Esta vulnerabilidad quedó expuesta recientemente tras un incidente en uno de los principales estadios del país, donde la avería de los ascensores generó quejas públicas en la prensa regional por parte de los usuarios de las áreas VIP. Las autoridades se mostraron sorprendidas por el reclamo, argumentando que los afectados no debieron hacer pública la situación. No obstante, quienes adquieren un boleto preferencial lo hacen bajo la premisa de recibir servicios operativos y acordes al precio pagado, sin que existan "letras pequeñas" sobre la inoperatividad del recinto.
La respuesta oficial para explicar la falla fue reveladora. Además de admitir la paralización del servicio, las autoridades justificaron el colapso señalando el uso indebido de los elevadores. Explicaron que empresas de catering utilizaban los ascensores de pasajeros para subir pesadas herramientas de trabajo, que los equipos de prensa hacían lo propio con sus equipos de transmisión e, incluso, responsabilizaron a niños jugando en las instalaciones.
A la par, se evidenció la precaria realidad financiera y operativa de este modelo de gestión compartida. Mientras el Ministerio asume el campo de juego y la iluminación, la Gobernación carga con el mantenimiento del resto del complejo. La falta de liquidez ha llevado a las autoridades regionales a depender de acuerdos a crédito con pequeñas ferreterías locales para realizar reparaciones menores, un esquema de financiamiento insostenible para estructuras de esta envergadura.
Este caso ilustra una falla estructural en el diseño logístico y la gestión. Estadios de esta magnitud debieron contemplar desde su concepción la instalación de montacargas (ascensores de carga) para proveedores y medios, así como personal de seguridad enfocado en el resguardo de los espacios. Reparar equipos dañados por falta de mantenimiento siempre será financieramente más costoso que sostener un plan de conservación preventivo y continuo.
La solución a este laberinto administrativo puede encontrarse en el sector privado. Al igual que ocurre con la enorme logística requerida para sostener las temporadas del deporte profesional, o el mantenimiento diario de las redes de centros comerciales que reciben a miles de visitantes, en el país existen empresas con la capacidad y experiencia para administrar operaciones masivas.
Delegar el manejo de estas infraestructuras a empresas especializadas —ya sea bajo figuras de concesión o alianzas público-privadas— no debería representar un conflicto para el Ministerio, las gobernaciones o las federaciones. Por el contrario, la tercerización del mantenimiento aportaría soluciones eficientes, garantizando que cualquier aficionado, ya sea en la tribuna popular o en un palco VIP, disfrute de instalaciones dignas y seguras.




